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  • Las entidades firmantes han presentado sendos documentos con alegaciones al anteproyecto de ley de modificación de la ley 16/2017 con propuestas para conseguir el objetivo compartido de reducción de emisiones de CO2 sin que sea necesario introducir un impuesto adicional al ya existente impuesto de circulación.

Barcelona, 2 de octubre de 2019.- La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), la Federación Nacional de Concesionarios (FACONAUTO) así como Foment de Treball, la Federació Catalana de Vendedors de Vehicles a Motor (Fecavem) y el Col-legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, han trasladado sendas alegaciones y observaciones sobre el anteproyecto de ley de modificación de la Ley 16/2017 del Impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de los vehículos de tracción mecánica elaborado por la Generalitat de Catalunya.

En este anteproyecto de ley, todavía pendiente de aprobación, se estipula el establecimiento de un impuesto adicional a los impuestos de matriculación y circulación, que fija un pago por parte de los propietarios de vehículos en Cataluña en función de los niveles de emisión de CO2 de sus automóviles. Los fabricantes de automóviles están comprometidos con la reducción de emisiones de CO2 y con el objetivo de descarbonización del parque de la Unión Europea. Sin embargo, tras una evaluación del futuro impacto de este impuesto, las entidades firmantes consideran que perjudica al sector y a la actividad económica de Cataluña ya que puede producir una sensible reducción de las matriculaciones en el territorio catalán.

Las entidades firmantes coinciden que, en lugar de una tasa adicional, la mejor manera de conseguir este objetivo de reducción de emisiones de CO2 es transformar el impuesto de circulación para añadirle verdaderos criterios medioambientales, enfocados al uso del vehículo y comunes en todos los territorios. De este modo, se evitarían posibles distorsiones en el mercado.

En esta propuesta se plantea un único impuesto en base a las emisiones de CO2 y en cumplimiento de las normativas EURO, que marcan los límites de emisión de gases contaminantes (NOx y partículas) en los vehículos. Este cambio en la fiscalidad no frena la compra de vehículos más nuevos y eficientes, y penaliza a aquellos vehículos más contaminantes, con el objetivo de lograr una renovación progresiva del parque de automóviles.

En las alegaciones presentadas al anteproyecto de ley de modificación de la ley 16/207, las entidades firmantes proponen que hasta que sea posible la modificación del impuesto de circulación, objetivo principal, este nuevo impuesto no debe afectar a los vehículos nuevos proponiendo la exención para los vehículos más nuevos, de al menos 4 o 5 años de antigüedad. Así mismo, se propone que, de ponerse en funcionamiento finalmente este impuesto, sus ingresos deben estar enfocados de forma integral fomentar la renovación del parque.

Mario Armero, vicepresidente ejecutivo de ANFAC ha señalado que “es fundamental establecer las medidas y regulaciones necesarias para alcanzar los objetivos de descarbonización planteados desde la Unión Europea, a través de una modificación fiscal que permita una progresiva renovación del parque automovilístico. Los vehículos más viejos son los responsables de las mayores emisiones de CO2 y contaminantes, con lo que es fundamental promover su achatarramiento. Las medidas fiscales han de ser planteadas con una visión de conjunto y que respondan al grueso del problema en todo el territorio”.

Asimismo, Marta Blázquez, vicepresidenta ejecutiva de Faconauto, afirmó que “el nuevo tributo no conseguiría los objetivos medioambientales que persigue, ya que penaliza la posesión del coche, y no el uso, cargando además a los catalanes que, precisamente, han adquirido vehículos más eficientes. Al mismo tiempo, no aborda el verdadero problema medioambiental y de seguridad vial, que es la antigüedad del parque. Avanzar hacia la descarbonización pasa en primer lugar por achatarrar los coches viejos. Por otro lado, el nuevo impuesto crea otras desigualdades territoriales, ya que los conductores de Cataluña pagarían más que el resto por la posesión de su vehículo”.

Por su parte, Salvador Guillermo, secretario general adjunto de Foment del Treball, indicó que “es necesario promover la renovación de nuestro parque automovilístico -que tiene más de doce años de antigüedad- y contribuir a la vez a la reducción de emisiones de CO2, pero sin perjudicar a un sector en plena transformación del modelo de negocio. Introducir más carga fiscal en Catalunya en absoluto favorece a la economía cuando nuestro objetivo es una fiscalidad más competitiva. En cambio, es necesario promover un uso del vehículo más responsable y penalizar a los que más contaminan.

Además, la renovación del parque automovilístico contribuirá decisivamente a la mejora de la seguridad vial. Conseguiremos, pues, al mismo tiempo dos objetivos: reducir el CO2 y la siniestralidad”.

Igualmente, Joan Blancafort, Secretario General de FECAVEM, destacó “la necesidad de reformar el Impuesto de Circulación y adecuarlo de manera que responda de manera eficaz al problema derivado de las emisiones medioambientales. Además, desde que se anunció la entrada en vigor de este Impuesto sólo en Cataluña, muchos de los vehículos que antes se censaban en Cataluña, ahora ya no lo hacen. Y ello afecta -no sólo a la recaudación catalana- sino a las empresas de Cataluña que les prestan servicios.”