Arancha García, responsable en funciones de ANFAC y directora de Industria y Medio Ambiente de ANFAC

El Gobierno, en su primera semana de acción, alineándose con el Parlamento Europeo y con las iniciativas de otros países y ciudades, aprobaba una declaración de emergencia climática como prueba fehaciente de cuál va a ser una de sus principales prioridades durante su mandato: la lucha contra el cambio climático.

Los fabricantes de automóviles, sobre la base de su compromiso inequívoco y firme con el medio ambiente, han acogido favorablemente esta declaración, confiando en que sirva de acicate para la puesta en marcha con celeridad de instrumentos que permitan alcanzar la tan ansiada neutralidad en carbono en 2050. Necesitamos intención seguida de actuación. Una actuación que, sobre la base de la responsabilidad y el esfuerzo de todas las partes, sea ordenada, rápida, ambiciosa pero, sobre todo, justa.

«Necesitamos intención seguida de actuación. Una actuación que, sobre la base de la responsabilidad y el esfuerzo de todas las partes, sea ordenada, rápida y ambiciosa pero, sobre todo, justa»

Para la industria de la automoción, este compromiso no es una mera declaración. Es una realidad en la que trabajamos a diario y que supone un reto mayúsculo. Porque creemos en una transformación de la economía compatible con la seguridad climática y porque tenemos un compromiso moral y vinculante con la descarbonización. Un compromiso sujeto a una senda de reducción de emisiones de CO2 que comenzó hace más de veinte años y cuyo hito más importante deberemos superar este mismo año alcanzando los 95 g/km de media en las emisiones de CO2 de los vehículos turismos nuevos puestos en circulación en toda Europa y los 147 g/km para los vehículos comerciales ligeros. Este objetivo significará, por sí solo, una reducción de las emisiones de CO2 de más del 30% respecto a la línea de base de 2005 y de más del 60% si tenemos en cuenta los objetivos de reducción ya establecidos para el horizonte 2030.

Para lograr esta reducción, el sector de la automoción invierte anualmente en Europa más de 57.000 millones de euros en I+D, posicionándose como el mayor inversor privado en innovación con un 28% del gasto total de la UE. Únicamente, en España durante 2018 se invirtieron más de 3.000 millones de euros en innovación en nuestras fábricas con el objetivo de que España continúe siendo el segundo polo industrial de Europa en fabricación de vehículos. Asimismo, si bien hace pocos años apenas contábamos con 6 modelos de vehículos eléctricos en el mercado, hoy contamos con más de 70 modelos en comercialización con una previsión de crecimiento de más de 200 hasta 2025, que satisfarán, sin duda, la demanda en términos de prestaciones, autonomía y asequibilidad. Complementariamente, los fabricantes, en su camino hacia la industria de la movilidad, creen firmemente en el uso racional y eficiente de los vehículos, apostando por soluciones tecnológicas que favorezcan la intermodalidad y los esquemas de economía colaborativa.

«Hoy contamos con más de 70 modelos en comercialización con una previsión de crecimiento de más de 200 hasta 2025, que satisfarán, sin duda, la demanda en términos de prestaciones, autonomía y asequibilidad»

Pero en la ecuación de la neutralidad en carbono aparecen otras muchas variables, difíciles de despejar. El continuo envejecimiento del parque automovilístico, la baja aceptación de los consumidores de los vehículos electrificados y la falta de infraestructura de recarga y suministro de combustibles alternativos, unidas a la cada vez más creciente demanda de movilidad, requiere de la contribución decidida de todas las partes.

España necesita un marco regulatorio homogéneo, estable, alineado con Europa y sin prohibicionismos que defina la nueva movilidad desde una visión global que priorice los sistemas de transporte más sostenibles y, a su vez, garantice el derecho a la movilidad.

Se necesitan ayudas, sí, para que los vehículos más viejos y contaminantes dejen de circular por las carreteras y las ciudades. El 20% del parque automovilístico, representado por los vehículos de más de 15 y 20 años, es directamente responsable del 80% de las emisiones contaminantes y de CO2. Pero no podemos penalizar a los ciudadanos que necesitan y usan sus coches viejos, tenemos que ayudarles a cambiarlos, facilitando la sustitución por vehículos nuevos. En este contexto, vemos con gran preocupación la evolución del mercado de vehículos usados de más de 20 años que crece a más del 17%, mientras el mercado de nuevos particulares, más allá de frenar su tendencia, acumula 16 meses de caída consecutiva.

«No podemos penalizar a los ciudadanos que necesitan y usan sus coches viejos, tenemos que ayudarles a cambiarlos, facilitando la sustitución por vehículos nuevos»

Se requiere una apuesta decidida por la electromovilidad que nos permita pasar del 1,8% de cuota de mercado, con la que arranca este mes de enero, a cuotas cercanas al 40% para alcanzar los 3.5 millones de vehículos turismos, tal y como apunta el borrador del Plan Integrado de Energía y Clima. Una apuesta que nos permita pasar de los 8.000 puntos de recarga pública actuales a los 200.000 que necesitamos, potenciando la recarga ultra-rápida de más de 150 kW que permite tiempos de carga razonables y donde España se posiciona a la cola de Europa con 4 puntos instalados y otros tantos en construcción que encuentran en su camino gran complejidad administrativa y justificación económica. El despliegue de una infraestructura de suministro de hidrógeno suficiente y eficiente debe configurarse también como una apuesta clara.

Para ello, se requiere actuar rápidamente con incentivos más potentes y dirigidos, planes de ayuda bien dotados y gestionados o instrumentos fiscales que, más allá de penalizar la compra de vehículos nuevos, impulsen una nueva fiscalidad verde enfocada a gravar el uso frente a la compra e impulsar la renovación del parque.

Pero no todo requiere financiación, podemos comenzar ya con disponer de una fuente precisa sobre los puntos de recarga públicos existentes en España, prioritaria para poder planificar el despliegue de esta infraestructura de una manera eficiente y para poder proporcionar información fiable, consolidada y precisa a los clientes que adquieren un vehículo eléctrico.

Podemos comenzar garantizando la interoperabilidad de los puntos de recarga de acceso público, un “roaming” fiable para los usuarios de un vehículo eléctrico para que, igual que pagamos en cualquier comercio con una misma tarjeta, sea posible también a la hora de cargar nuestro vehículo. Podemos comenzar con la definición de unos criterios comunes para la definición de las zonas de bajas emisiones, para que el ciudadano sepa siempre a qué atenerse cuando circula con su coche por el territorio.

«No todo requiere financiación. Podemos empezar con la interoperabilidad de los puntos de recarga, con un registro de los mismos o con la definición de unos criterios comunes para las zonas de bajas emisiones»

La automoción es un agente fundamental para la descarbonización de la economía. No estamos de brazos cruzados, estamos actuando y necesitamos que el resto del mundo actúe. No queremos evitar nuestras obligaciones, al contrario, queremos anticiparnos, ofreciendo ya las mejores tecnologías, las más eficientes, que caminen hacia la consecución de este objetivo. Pero necesitamos que lleguen a todos los usuarios, que se genere una demanda fuerte y constante en el tiempo que permita incrementar las inversiones y que garantice el liderazgo de España como industria tecnológica, responsable, fuente de empleo de calidad y de cohesión territorial. Para eso, necesitamos la colaboración de las Administraciones y del conjunto de la sociedad. Trabajaremos codo con codo con el Gobierno durante los próximos meses para generar este entorno favorable para todos.

Photo by  Alexander Schimmeck  on Unsplash

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