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Esta Tribuna se publicó en el Diario de Mallorca el 02 de abril de 2019. Fue contestada por esta Tribuna del Consejero de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons en el Diario de Mallorca del 10 de abril de 2019

Si, ANFAC ha denunciado la ley de Cambio Climático y Transición Energética del Govern de las Islas Baleares. No me escondo, es la verdad y así la planteo en esta tribuna porque, sobre todo, lo que deseo es explicarme, expresar ante la opinión pública las motivaciones por las cuales consideramos, en nuestra asociación, que es justo oponernos a esta ley y que lo hemos hecho cargados de razones. Que estamos convencidos de que esta Ley no es óptima para el medio ambiente ni para la economía ni para la sociedad, los tres pilares en los que debería asentarse una norma como esta.

Y no soy negacionista, creo en la lucha contra el cambio climático. No me malinterpreten. Los fabricantes de vehículos están alineados en el cumplimiento de las más exigentes normativas medioambientales de la Unión Europea, para reducir las emisiones de CO2 y contaminantes. Es la línea marcada para nuestro desarrollo como industria tecnológica y responsable con el horizonte de la descarbonización a 2050.

Tampoco queremos frenar el avance tecnológico, como se achaca. Ni podemos ni queremos poner puertas al futuro porque es en nuestra amplia capacidad de innovación donde está nuestra fuerza. En las mismas manos que diseñan y fabrican los denostados nuevos coches diésel, está también la respuesta de la movilidad cero emisiones. Hoy se llama vehículo eléctrico, pero, para 2050, si la transición es ordenada y permite y respeta la innovación, puede tener muchos más nombres, con más tecnologías de propulsión que cumplan este objetivo. Obviamente, supone un desafío incalculable pero nuestro compromiso social y nuestro desarrollo industrial y tecnológico nos impone, no sólo seguir esta senda, sino liderarla y ser pioneros en ofrecer las soluciones de movilidad del futuro, como lleva haciendo esta industria los últimos 100 años.

Pero estamos en contra del veto al nuevo diésel, a la gasolina, al gas y a los híbridos sin un criterio científico o medioambiental potente que realmente lo avale. Entendemos que esta prohibición va en contra de las normas de libre comercio europeas y española, perjudica a la industria y a la distribución (porque al vetar la circulación, prohíbe de facto la venta) y no va a lograr su objetivo de reducción de emisiones.

La medida solo veta a los vehículos nuevos. Primero, a los diésel y posteriormente, a todos los vehículos de gasolina, gas e híbridos. Al resto, a los adquiridos con anterioridad a 2025 para los diésel y 2035 para el resto, se les permite circular hasta el fin de su vida útil. Circunstancia que, teniendo en cuenta la edad media del parque automovilístico español, se puede prolongar mucho más allá de 2050. Así, en 2030, podremos circular en un coche diésel que tenga 15 años de antigüedad, pero no en uno nuevo de ese mismo año, cuando, dados los avances de la tecnología, cumplirá unos estándares tecnológicos, medioambientales y de seguridad mucho más exigentes.

Esta permisividad supone ir directamente en contra de los objetivos medioambientales que pretende conseguir. Sólo hay que tener en cuenta que si sustituyéramos 400.000 diésel antiguos por diésel nuevos (Euro 6), el impacto de reducción de NOX equivaldría a retirar 2,6 millones de vehículos de la circulación.

¿Cómo puede saber el Govern, con estas cifras, en qué estadio estará la tecnología a nivel de emisiones contaminantes? Es como decirle a Apple que no saque iPhones nuevos porque ya no va a encontrar nada más innovador, que los móviles de 2025 no tendrán nada mejor que los actuales. No podemos escudarnos en qué otros países han marcado objetivos más ambiciosos de veto al diésel y la gasolina porque ya hemos visto que es ésta la primera norma con rango de ley que impone esta prohibición. Es tan inédito el veto que ha llegado hasta el New York Times.

Se pretende pues cumplir este objetivo con una dependencia total en el vehículo eléctrico. Sin duda, este vehículo es clave en la movilidad presente y del futuro, pero su entrada masiva y asequible en el mercado requiere de un impulso radical de las administraciones que, hoy en día, no se está dando. Sirva como ejemplo, los 17 meses consecutivos que llevamos con planes de ayudas a la compra de VE anunciados, pero sin activar o el hecho de que el país esté a la cola de la UE en puntos de recarga, con menos de 17 puntos por cada 100.000 habitantes. Los fabricantes van a poner en el mercado más de 50 modelos electrificados en el horizonte 2020 y los ciudadanos cada vez tiene más interés en estos modelos, pero necesitan de más seguridad, de más certidumbre.

Por tanto, incumplir la normativa europea de libre circulación de personas, bienes y servicios sin una justificación válida mediante la publicación de una norma regresiva que impacta gravemente contra los intereses económicos y sociales de ciudadanos y empresas no parece la mejor solución. Para proteger estos intereses, para evitar un desplome económico en los concesionarios, talleres, rentacar y empresas de transporte en las islas que pudiera tener un fuerte efecto réplica en el sector y las fábricas del conjunto del país, hemos interpuesto esta denuncia. Sólo queremos buscar una vía alternativa, conjunta, basada en estrategias positivas y no en prohibiciones.

Lo hemos intentado, qué duda cabe, con múltiples reuniones con el Govern y otras formaciones políticas, hasta que ésta ha sido nuestra última salida. Pongamos el contador a cero de nuevo, sentémonos a hablar y dibujemos juntos esa senda hacia la descarbonización en Baleares de manera que pueda ser un ejemplo que seguir, ahora sí de verdad, para todos los territorios europeos.


Y no voy a emplear aquí la tan manida disyuntiva de empleos vs medioambiente. Entiendo que a los políticos baleares les queden lejos las 17 fábricas que producen en España más de 2,8 millones de vehículos al año y emplean a unos 100.000 trabajadores. Pero todas las disrupciones tecnológicas han provocado distorsiones en el empleo a lo largo de los siglos. Es importante pensar en el impacto que van a infligir a sus concesionarios, talleres, rent a car y otras empresas relacionadas con el transporte, que ya están notando una fuerte caída de la demanda de vehículos nuevos, pero también en cómo va a evolucionar este sector a futuro. Esta ley provocará una burbuja en el mercado de vehículos de combustión, previa a su entrada en vigor, que se desplomará posteriormente. Una caída con un fuerte efecto arrastre en todos los sectores de la economía mencionados, no sólo en Baleares, sino en toda España porque la medida ataca al mercado común y nos perjudica a todos debilitando la demanda.

Los vehículos antiguos son los que más contaminan, sin duda. Un vehículo diésel actual emite un 80% menos de NOx y un 99% menos de partículas que un homólogo de hace 10 años, componentes directamente responsables del empeoramiento de la calidad del aire. Pero además consume un 25% menos de combustible y emite un 15% menos de CO2 que los de gasolina. Así, entre 2025 y 2035, las emisiones de CO2 de las islas crecerán y son ellas directamente las responsables del cambio climático. Y más allá de esa fecha, la pervivencia del parque antiguo no permitirá su reducción de una manera sustancial.

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